Un "Código de Buena Práctica" no es suficiente

Caricatura de Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad. 

Fuente: lainformacion.com

El Ministro de economía, Luis De Guindos, propuso en la sesión del Congreso de ayer miércoles 22 de febrero un “Código de Buena Práctica” para la banca en todo lo referente a las gestiones hipotecarias. Esta noticia ha generado grandes expectativas ya que parecían ir encaminadas a una posible solución a un tema tan fundamental y preocupante como la carencia de una vivienda. A continuación vamos a desengranar las propuestas para que se conozcan las consecuencias de dichas iniciativas.

Lo que se ha propuesto es que las entidades bancarias acepten de manera voluntaria la dación en pago, que ya existe como posibilidad, y la prórroga de dos años de los desahucios en el caso en el que el afectado cumpla todos estos requisitos:

1. La vivienda hipotecada sea primera vivienda.
2. No existan ingresos de ningún tipo en la unidad familiar.
3. La persona afectada no tenga más patrimonio.

En un primer momento, estas medidas pueden parecer un progreso hacia la mejora social y la estabilidad de personas que no pueden pagar la hipoteca por escasez de recursos económicos. Sin embargo, parece más una decisión que se ha tomado para acallar la alarma social que se está activando dada la situación tan complicada que estamos viviendo.   

Para que no haya malentendidos, explicamos a continuación los motivos por los que estas iniciativas no son adecuadas ni suficientes:

1. Se trata de una medida opcional. Esto quiere decir que la banca no está obligada a llevar a cabo dichas negociaciones pese a que la persona afectada cumpla los requisitos.
2. El perfil de afectados al que van dirigidas estas iniciativas es extremo ya que requiere la carencia absoluta de ingresos; es decir, que solo se contemplan casos de familias en exclusión social extrema.
3. No contribuye a la prevención del empeoramiento de la situación de personas que no pueden pagar la hipoteca (aunque quieran).
4. Genera una situación injusta ya que el propio ministro ha reconocido que:

• Las viviendas estaban sobretasadas. Por lo tanto, los bancos deben de corresponsabilizar y asumir una pérdida de la deuda.
• Los intereses de demora al 24% son excesivos (tasa que se paga como interés por cada día de impago).
• La necesidad de reestructurar la deuda hipotecaria para que se aplique al capital el importe pagado solo a intereses, es decir, que si lo pagado hasta el momento (en el caso de estar en un proceso de ejecución hipotecario) han sido intereses éstos se reconozcan como parte del pago de la deuda.  

Si estas condiciones no han sido adecuadas para todos los que han firmado una hipoteca, ¿porqué solo se va a negociar con una parte de los afectados siendo la vivienda un derecho para todos?

Además ha explicado que se van a promover las ventas extrajudiciales de viviendas, es decir, que la ejecución de una hipoteca no se haga a través de un proceso judicial sino mediante un notario. Esto supone la aplicación de un procedimiento que no cumple unos principios básicos para la persona afectada; como por ejemplo el derecho a un abogado de oficio, efectos demoledores en el caso de cualquier error en la publicación/gestión de la ejecución, etc..

Por último, De Guindos ha anunciado que se van a fomentar las subastas on-line de viviendas desahuciadas con el objetivo de que todo el mundo tenga acceso a su compra. Teniendo en cuenta la situación económica de la mayor parte de la población española, ¿quién tiene posibilidades de adquirir una vivienda? Teniendo en cuenta que en la actualidad es la banca quien tiene los recursos económicos y que ésta ya tiene los cajones llenos de llaves, ¿quién va a comprar estas viviendas? ¿No sería más eficaz gestionar alquileres sociales para aprovechar dichas viviendas?

Además de no ser nada nuevo ya que actualmente existen casos de daciones en pago y negociaciones entre las entidades y los clientes, este anuncio puede dar falsas expectativas a personas que crean que pueden negociar bajo este “código de uena prácticas”; también para aquellas que hayan entendido que la entidad bancaria está obligada a negociar.

Este tipo de medidas no son suficientes. Proponemos una Ley Hipotecaria justa en la que las personas que han firmado una hipoteca puedan entregar su casa para saldar la deuda, tengan acceso a un alquiler social y se paralicen los desahucios para que no haya más gente viviendo en las calles. Por ello, vamos a empezar a recoger firmas para elevar al Congreso una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) con dichas propuestas.

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